Delitos de drogas: una nueva ley pro-inmigrante

Por Liliana Gallelli, Esq./Licenciada

El proyecto de ley de la Asam-blea No. 2195 fue aprobado el 23 de septiembre de 2022 por el gobernador de California,
Newsom. Esta es una decisiónimportante a favor de los inmigrantes que tiene un efecto significativo para las personas que enfrentan un cargo por
delitos de drogas y aquellos que tienen una condena que desean limpiar.

Cualquier delito de sustancias controladas puede tener un efecto devastador en los inmigrantes. Los “motivos de inadmisibilidad” relacionados con delitos son una lista de delitos en 8 USC § 1182(a)(2) que causan problemas a alguien que intenta obtener un estatus legal. A una persona indocumentada que tiene una condena por drogas generalmente se le prohíbe solicitar muchos tipos de alivio o estatus legal. Por ejemplo, dicha
persona no puede obtener una tarjeta verde a través de un familiar (a menos que el delito involucre la posesión de 30 gramos o menos de marihuana y la persona pueda solicitar una exención), y 8 USC § 1182(h). Por lo tanto, la nueva ley firmada recientemente por el Gobernador puede abrir caminos para aquellos que anteriormente no podían buscar beneficios de inmigración debido a antecedentes penales relacionados con las drogas.

El asambleísta de California Jones-Sawyer escribió el proyecto de ley para ayudar a las familias que se vieron afectadas por una sentencia severa o
una consecuencia de inmigración como resultado de condenas por drogas. “AB2195 protegerá a los californianos de las consecuencias colaterales duraderas de las condenas por drogas al permitir que los fiscales ofrezcan una declaración de culpabilidad alternativa”, dijo el asambleísta Jones-Sawyer a principios de este año. “Este es un mecanismo eficiente y apropiado para proteger a los inmigrantes y otros residentes del estado que en-
frentan condenas por drogas y enfrentan consecuencias de por vida”.

La ley, conocida como Ley de culpabilidad alternativa, está codificada en el Código Penal de California en la sección 372.5 y entrará en vigencia el 1 de enero de 2023. Este proyecto de ley haría que un acusado fuera sentenciado por una violación de cultivar, fabricar, transportar y regalar ilegalmente , venta, o posesión o uso de una droga, o posesión o uso de parafernalia de drogas, sancionable con una infracción y como una “molestia pública” en lugar de caracterizar el delito como un delito de drogas (referido como un delito de sustancia controlada en la ley de inmigración ).

El procedimiento en los tribunales penales es específico: la fiscalía no puede acusar a un acusado en virtud del artículo 372.5. Si un acusado es acusado de un delito de drogas, el abogado defensor debe pedirle a la fiscalía que acepte una disposición de la sección 372.5. A su vez,
la fiscalía considerará cada solicitud caso por caso.

Si un inmigrante ya se declaró culpable de un delito de drogas, debe consultar con un abogado de inmigración para tratar de reabrir la condena y
posiblemente cambiarla a un delito de alteración del orden público en lugar de uno de sustancias controladas.