Licenciada Liliana Gallelli
En un país que se supone que está formado por la justicia y el acceso al debido proceso, presentarse ante un juez no debería ser una emboscada. Sin embargo, muchas personas están siendo arrestadas y puestas en deportación acelerada justo en el momento en que acuden a sus audiencias en tribunales de inmigración.
El caso, Immigrant Advocates Response Collaborative y otros v. Departamento de Justicia narra historias de solicitantes de asilo —madres, padres, sobrevivientes de persecución, activistas homosexuales— que habían recibido una Notificación de Comparecencia (“Notice to Appear” en inglés; los cargos contra el inmigrante) y esperaban presentar su caso ante un juez. En lugar de ello, fiscales de los abogados del gobierno pidieron la desestimación de los casos, los jueces la concedieron, y agentes de ICE los arrestaron en los pasillos del tribunal. Muchos fueron trasladados a centros de detención a miles de kilómetros de sus familias. Algunos fueron deportados antes de agotar sus recursos legales.
Este cambio no es casual. Documentos internos, citados en la demanda, muestran que desde enero de 2025 el gobierno federal ha desmantelado salvaguardias establecidas durante décadas: primero revocó las limitaciones a arrestos en cortes migratorias, luego instruyó a fiscales a pedir desestimaciones para facilitar deportaciones sumarias. Peor aún, está aplicando el proceso de “expedited removal” a personas con más de dos años en el país, algo que la propia ley federal prohíbe, y hasta ejecuta deportaciones mientras los casos en corte siguen técnicamente abiertos.
El daño es profundo. Para las personas inmigrantes significa perder el derecho a una audiencia completa, a presentar pruebas, a contar con un abogado y a apelar; significa detención obligatoria y separación familiar.
La demanda busca que se anulen estas políticas “arbitrarias y caprichosas” bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, se restaure el debido proceso y se detengan las deportaciones mientras el litigio sigue su curso. En palabras simples: que se devuelva a las personas migrantes el derecho básico de ser escuchadas antes de ser expulsadas.
Como abogada de inmigración, he visto cómo el sistema puede ser duro, pero todavía ofrece una oportunidad de defensa. La diferencia entre un proceso justo y uno exprés no es técnica: es la diferencia entre mantener a una familia unida y destruirla.
