Por Justo Robles
Vestido con un impecable uniforme azul oscuro, Ernesto Morón levantó su mano derecha y juró defender la constitución de un estado en el que no nació pero que ha llamado hogar durante más de dos décadas.
Esa tarde de diciembre, el hombre de 26 años nacido en México se convirtió en el primer oficial contratado por el Departamento de Policía de UC Davis bajo una ley de California de un año de antigüedad que derogó el requisito de ciudadanía estadounidense para convertirse en agente del orden público en el estado.
“Siempre me dijeron que tuviera miedo de los agentes de Policía porque me deportarían”, dijo recientemente Moron a CalMatters. “Ahora quiero ayudar a esta comunidad y ayudar a otras personas que están en mí mismo lugar”.
Antes de que la ley entrara en vigor, California, como la mayoría de los estados, había exigido que sus agentes del orden público fueran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales que hubieran solicitado la ciudadanía.
La ley estatal, SB 960, hace que los solicitantes con autorización de trabajo federal sean elegibles para convertirse en oficiales. Los partidarios dijeron que la nueva ley sería una herramienta de reclutamiento eficaz en un momento de persistente escasez de agentes de patrulla y disminución de los niveles de personal. Dijeron que, si se animara a los inmigrantes a presentar su solicitud, las agencias policiales podrían conseguir agentes más diversos y multilingües.
La senadora Nancy Skinner, la demócrata de Oakland que patrocinó la ley, calificó la regla de ciudadanía como arcaica en un comunicado y dijo que la nueva ley podría “mejorar la relación actual entre las fuerzas del orden y las comunidades de color al aumentar la visibilidad y representación de las personas del vecindario”.
Pero una encuesta informal de Cal Matters de los departamentos de Policía locales y estatales más grandes de California sugiere que muchos han tardado en contratar a los inmigrantes recientemente elegibles. Moron es uno de aproximadamente una docena de agentes de la ley de California que consiguieron empleos gracias a la ley, que entró en vigor el 1 de enero de 2023.
“Nuestros agentes de Policía se enfrentan a una escasez de mano de obra, al igual que otras profesiones”, dijo Skinner. “Necesitamos tener personas que quieran desempeñar estos roles de seguridad pública. Por eso queremos eliminar cualquier barrera irrazonable que impida que las personas puedan prestar servicio”.
DACA y la lucha por contratar
Las ciudades de California están luchando por contratar suficientes agentes, especialmente después de la pandemia de COVID-19.
El Instituto de Políticas Públicas de California informó este mes que el número de agentes de patrulla por cada 100,000 habitantes está en su punto más bajo desde al menos 1991. Aunque las caídas más pronunciadas se produjeron durante la Gran Recesión de 2007 y 2009, los niveles de dotación de personal aún no se han recuperado.
Solo en 2022, la comisión estatal que certifica a los oficiales recién capacitados emitió 2,424 certificaciones básicas, un 53% menos que en 2020, cuando otorgó 4,530 certificaciones.
El jefe de Policía de UC Davis, Joe Farrow, tomó juramento a Moron como agente del orden, después de meses de defenderlo a él y a otros como él.
Farrow, antes de incorporarse a la Policía universitaria en 2017, se había desempeñado como comisionado de la Patrulla de Caminos de California durante 10 años. Poco después de comenzar en UC Davis, habló con estudiantes sobre posibles carreras en el ámbito policial y se dio cuenta de que muchos no podían ser contratados como agentes porque eran inmigrantes indocumentados.
La mayoría eran beneficiarios de un programa federal conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, que desde 2012 ha protegido de la deportación a más de medio millón de inmigrantes indocumentados traídos a los Estados Unidos cuando eran niños.
Farrow vio en Morón una esperanza para un futuro en el que las agencias policiales recluten nuevos agentes entre las comunidades de inmigrantes, dijo.
“Son parte de nuestra comunidad”, dijo Farrow. “Ellos van a la escuela aquí, aprenden aquí, enseñan aquí, por lo que tener policías indocumentados fue el siguiente paso para completar la idea de representar a nuestra comunidad”.
Eliminando barreras
Al igual que Moron, Farrow nació en el extranjero. El excomisionado de la mayor agencia de policía estatal del país pasó su primera década de vida en Japón, antes de establecerse con su familia en Pacific Grove, una ciudad costera del condado de Monterey.
Años más tarde, en 2020, Farrow conoció a Moron en UC Davis, donde Moron trabajaba como gerente de seguridad.
Aproximadamente la mitad de los 48 oficiales juramentados de UC Davis son ex estudiantes de la UC, dijo Farrow, pero no es raro que otros empleados presten juramento como oficiales más tarde, especialmente en fuerzas policiales pequeñas.
Como beneficiario de DACA, Moron está legalmente autorizado para trabajar en los EE.UU. Sin embargo, no era elegible para convertirse en oficial de Policía en California.
“Ernesto ha vivido aquí más de 20 años, entonces la pregunta era: ¿por qué le impediríamos hacer lo que quiere hacer?” dijo Farrow.
Aunque el Estado Dorado es el hogar de la población inmigrante más grande del país, durante años les prohibió muchas carreras porque las licencias profesionales requerían números de Seguro Social.
Luego, en 2014, entraron en vigor nuevas leyes que permiten a los inmigrantes indocumentados obtener licencias profesionales. Hoy pueden ser abogados, médicos, enfermeras y otros profesionales autorizados.
