¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL Y EL FUTURO DE LA CARGA PÚBLICA Y DE DACA? ¿HABRÁ UNA REFORMA DE INMIGRACIÓN?

Por Caridades Católicas de la Diócesis de Santa Rosa

A partir del 20 de enero de 2021, Joe Biden se convierte en presidente de los Estados Unidos. Al provenir del Partido Demócrata, la mayoría de nosotros asumimos que los procesos de inmigración no tendrán que enfrentar una gran cantidad de obstáculos, a diferencia de lo que vimos durante la administración del presidente Trump. Sin duda alguna, el cuatrienio del presidente Trump causó estragos para una gran cantidad de inmigrantes. Durante este tiempo vimos cómo el presidente Trump emitió órdenes ejecutivas que cambiaron completamente los procesos de inmigración. Desde su inicio implementó la prohibición de la entrada de ciertos países cuya religión es principalmente musulmana y la eliminación de las solicitudes de DACA por primera vez, asimismo los Advance Parole para los beneficiarios de DACA. Posteriormente implementó la Carga Pública, afectando un gran número de posibles peticiones familiares. Para la obtención de la ciudadanía estadounidense, aumentó el número de preguntas de 100 a 128. Trató de aumentar las tarifas de las oficinas de inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés,) en algunos servicios en forma estratosférica, mismas que han sido interrumpidas en forma temporal por un juez. Disminuyó el número de visas de trabajo anuales. Estos son algunos de los obstáculos que estableció a través de sus órdenes ejecutivas y que crearon un impacto en la comunidad inmigrante.

La Carga Pública y la Acción para Diferir a las Personas que Llegaron Durante la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) han creado uno de los mayores impactos en la comunidad inmigrante. La Carga Pública es un conjunto de circunstancias que pueden prohibir la admisión de una persona a los Estados Unidos a través de una visa para ingresar temporalmente o un proceso que conlleve a la obtención la residencia legal permanente. Dentro de estas circunstancias se incluyen: edad, condición de salud, posibilidad de ingreso y empleo, nivel de educación y capacidades físicas, dominio del idioma inglés, situación familiar económica y condición financiera del peticionario. 

Las únicas solicitudes de inmigración expuestas a la Carga Pública son las visas temporales, por ejemplo, una visa de turista, y las peticiones para miembros de la familia (esposos, hijos, padres y hermanos.) Aunque el resto de las solicitudes de inmigración (naturalización/ciudadanía, Visa U, Visa T, VAWA, renovación de residencia legal permanente, DACA, TPS, Asilo o estado de refugiado y estado especial de menor juvenil) NO están expuestas a la Carga Pública, es importante observar que si algún beneficiario de DACA o TPS tiene alguna posibilidad de obtener la residencia permanente legal a través de una petición familiar; o bien, si algún residente permanente legal o ciudadano de los EUA ha solicitado o solicitará la residencia permanente legal para algún familiar, consulte con un abogado de inmigración o un representante de inmigración acreditado por el Departamento de Justicia (DOJ) de los EUA para saber qué riesgos existen si se están recibiendo beneficios del gobierno. Los beneficios recibidos por el gobierno que están expuestos a la Carga Pública son:

  • Asistencia monetaria (SSI, TANF, Asistencia General en efectivo).
  • Servicio institucional recibido por largo tiempo pagado por Medicaid. 
  • Recibir Medicaid (con la excepción de emergencias, embarazo y personas menores de 21 años).
  • Estampillas de comida proporcionadas con fondos federales (SNAP).
  • Asistencia para la Vivienda Sección 8 y cualquier otra asistencia pública federal para vivienda.

Desafortunadamente, muchas personas que tienen derecho a recibir beneficios y que no tienen alguna petición familiar pendiente o bien no tienen planes de solicitar algún familiar a corto plazo han cancelado estos beneficios públicos, lo cual pudiera poner en riesgo su salud o la de familiares directos que residen en los EUA. Peor aún, han cancelado beneficios que no aparecen en esta lista y que no son considerados Carga Pública.

Con el surgimiento del COVID-19, muchas personas se rehúsan a recibir atención médica pues temen que al recibir estos servicios pudieran ser expuestos a la Carga Pública. Las Oficinas de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) aclaró que el servicio de las pruebas y el tratamiento para COVID-19 no serán considerados en la determinación de la Carga Pública, aún si es proporcionado bajo MediCaid. Otros de los beneficios proporcionados por COVID-19 tales como Pandemic EBT, los reembolsos para la recuperación aprobados por el Congreso: $1,200 en el 2020 y ahora $600 para las personas que son elegibles y los programas de desempleo ($600 anteriormente y $300 actualmente a la semana), tampoco son considerados Carga Pública.

Es importante reiterar que dependiendo si la entrevista para la petición familiar se realizará dentro o fuera de los EUA se determina si solamente el beneficiario o aplicante será expuesto a la Carga o también el peticionario. Si la entrevista tiene que ser realizada fuera de los EUA, las reglas son mucho más estrictas. Esto lo puede determinar un abogado de inmigración o un representante acreditado por el DOJ. 

DACA es otro de los servicios o aspectos que han sido afectados. El presidente Obama instituyó DACA a través de una orden ejecutiva en el año de 2012. Esta acción difiere la deportación de las personas que fueron traídas a los EUA cuando eran niños y proporciona un permiso de trabajo temporal. Aproximadamente 800,000 personas en los EUA se han visto beneficiadas por esta acción. Cuando el presidente Trump entró al poder en el 2017, DACA fue interrumpido a través de otra orden ejecutiva. Diferentes organizaciones establecieron acciones legales y sólo pudieron salvar la renovación de DACA, eliminando la posibilidad de que las personas que nunca habían tenido DACA pudieran solicitarlo (DACA Inicial) y que los beneficiarios de DACA pudieran solicitar permiso para salir y regresar a los EUA (Advance Parole). DACA ha enfrentado diferentes acciones legales y sus reglas han cambiado constantemente. El 6 de diciembre de 2020, los DACA iniciales se hicieron efectivos nuevamente junto con los Advance Paroles, por lo que se hace una atenta invitación a las personas que pudieran ser elegibles para recibir estos beneficios de DACA que hagan una consulta en forma inmediata, pues aún su futuro es incierto.  

Después de estos últimos cuatro años de incertidumbre relativa a DACA ¿Qué es lo que se espera para la Carga Pública y para DACA? ¿Qué pasará con los otros beneficios/servicios de inmigración? ¿Habrá una reforma de inmigración? Principalmente la comunidad inmigrante se hace estas preguntas. La Carga Pública fue eliminada a través de una decisión de la Corte de Apelaciones para el 9no. Circuito, esta decisión será formalizada el 26 de enero de 2021, a partir de entonces se permitirá enviar solicitudes de peticiones familiares sin la Carga Pública, lo cual será un gran beneficio para la comunidad inmigrante. 

Aun cuando actualmente se pueden procesar los DACA para renovación y para casos iniciales, así como los Advance Parole, esto pudiera cambiar en cualquier momento. Existe una acción legal en contra de DACA establecida por un grupo de estado y lidereada por el estado de Texas. El pasado 22 de diciembre de 2020 fue la audiencia para presentar este caso ante el juez Andrew Hanen, de Texas, mismo que interrumpiera la orden ejecutiva de DAPA (Acción Diferida para los Padres) establecida por el presidente Obama en 2016. Si este juez declarara que DACA es ilegal, se cree que la administración del presidente Biden establecería una nueva orden ejecutiva para continuar este beneficio.

No sabemos si los grupos de oposición a la inmigración apelarán a las últimas decisiones de DACA o de la Carga Pública. Mientras no se establezca una ley, las litigaciones pudieran continuar y por ende que la eliminación o el establecimiento del DACA y de la Carga Pública fueran temporales, tal como lo hemos visto en los últimos años.

Ahora que el partido Demócrata tiene “la mayoría” en el Congreso, pudiera enviarse la propuesta de una tan esperada reforma de inmigración. Una de las promesas del presidente Obama fue esta reforma, aun cuando en el 2012 el presidente Obama aún contaba con la mayoría en el Congreso, no se envió propuesta alguna, argumentando que la crisis económica no lo permitió en ese tiempo. Cuando el presidente Obama intentó enviarla ya no tenía esa mayoría de su lado en el Congreso, por lo que fue rechazada. El presidente Obama estableció la orden Ejecutiva para DACA en 2012 y fue en 2016 cuando intentó “salvar” algo de su promesa y estableció la orden Ejecutiva para DAPA, la cual iba a proporcionar una acción diferida (tal como DACA) para los padres. La oposición estableció su rechazo total en forma inmediata, por lo cual no se pudo ofrecer este beneficio. El presidente Biden ha indicado que en los primeros 100 días establecerá órdenes ejecutivas que ayudarán a la comunidad inmigrante. Pero recuerden que las órdenes ejecutivas pueden ser llevadas a litigación por parte de la oposición, tal como los demócratas lo hicieron con las órdenes ejecutivas establecidas por el presidente Trump durante los últimos cuatro años. 

Es bien sabido por todos que la principal prioridad del presidente Biden será atacar a la pandemia de Covid-19, por lo que otras prioridades pudieran ser relegadas. Debido a que una reforma de inmigración requiere ser convertida en ley, esta requeriría la aprobación del Congreso, formado por la Casa de Representantes (en donde actualmente la mayoría es demócrata) y por el Senado (mitad demócrata y mitad republicana). Para que el presidente Biden pueda establecer una ley que apruebe la reforma de inmigración necesitaría al menos 60 votos del Senado para ser aprobada. Recuerden que actualmente en el Senado hay 50 senadores republicanos (en su mayoría opuestos por una reforma inmigratoria), 48 demócratas y 2 independientes (quienes han apoyado una reforma de inmigración). Si el presidente Biden envía una propuesta para una reforma de inmigración, tendrá que haber una gran capacidad de negociación para obtener los votos necesarios de la oposición.

Caridades Católicas de la Diócesis de Santa Rosa es una organización sin fines de lucro que ha proporcionado sus servicios en el norte de California por más de 40 años y busca ayudar a las personas más vulnerables de la comunidad. Si usted necesita de alguna consulta o servicio de inmigración, el Departamento de Inmigración de Caridades Católicas de la Diócesis de Santa Rosa puede proporcionarle estos servicios. Contamos con diez Representantes de Inmigración Acreditados por el DOJ. Para hacer una cita, favor de comunicarse al 707-578-6000

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